María Corina Machado, destacada líder opositora en Venezuela, rechazó enérgicamente la idea de retirar su candidatura presidencial, a pesar del fallo del Tribunal Supremo de Justicia que la inhabilita para las elecciones venideras. Este veredicto, emitido el viernes pasado, la dejaría fuera de la contienda política por un lapso de 15 años. Ante sus seguidores, Machado calificó la sentencia de «grotesca» y subrayó su compromiso con los casi tres millones de venezolanos que la apoyaron en las primarias. Argumentó que representa la soberanía popular y desestimó la posibilidad de designar un reemplazo. Esta decisión judicial, vista como un intento de marginar a la oposición, ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La Unión Europea manifestó su inquietud ante las acciones que obstaculizan los derechos políticos fundamentales de los miembros de la oposición en Venezuela, destacando que tales medidas socavan la democracia y el Estado de Derecho. Expertos constitucionalistas sugieren que Machado podría intentar una acción legal para impugnar la decisión, aunque reconocen que el problema tiene un trasfondo político. Esta situación refleja el complejo escenario político en Venezuela, marcado por tensiones entre el gobierno y la oposición, así como por la presión internacional para buscar soluciones negociadas y democráticas.